Investigación patrimonial y localización de bienes

En aquellos casos en los que se pretende iniciar un proceso jurídico que verse sobre pretensiones de carácter económico, resulta pertinente realizar una investigación patrimonial del deudor o de la persona que se pretende demandar. Lo anterior con el fin de determinar la viabilidad de iniciar dicho proceso y la efectividad que tendría una posible sentencia condenatoria. 
Si bien resulta posible conseguir una sentencia condenatoria al instaurar una demanda, esta por sí sola no garantiza que las pretensiones de carácter económico se satisfagan. Es esta entonces la importancia radical que tiene la investigación patrimonial del deudor o demandado.
Adicional a tener una sentencia favorable, se debe tener la posibilidad de llevarla a una ejecución forzada. Esto se logra a través de la solicitud del embargo de los bienes del deudor en conjunto con la presentación de la demanda para, de manera posterior, proceder con el remate. 

En Vindicar contamos con la posibilidad de realizar una investigación patrimonial del deudor o demandado a través del número de identificación. Ya sea cédula de ciudadanía para personas naturales o número de identificación tributaria en caso de las personas jurídicas. 

Realizamos la entrega de un informe detallado con los resultados de la indagación realizada con los respectivos soportes que acreditan. Además, nuestro informe contendrá el análisis jurídico que de manera detallada se ejecuta sobre los bienes encontrados y, en el mismo sentido, también comprenderá un concepto favorable o desfavorable del proceso jurídico que se pretende iniciar.

La investigación patrimonial es recomendable antes de iniciar cualquier proceso judicial que involucre pretensiones económicas. Conocer el patrimonio del deudor o demandado con anticipación le permite a su abogado tomar decisiones estratégicas que aumentan significativamente las probabilidades de éxito.

Estos son los escenarios más comunes en que resulta indispensable:

• Cobro de deudas o créditos impagas ante entidades financieras o particulares.
• Procesos de responsabilidad civil extracontractual, como accidentes de tránsito o daños a terceros.
• Disputas comerciales entre empresas o socios.
• Incumplimiento de contratos
• Procesos de alimentos o liquidaciones de sociedad conyugal

Iniciar un proceso judicial sin antes verificar el patrimonio del demandado puede resultar costoso e ineficaz. Una sentencia condenatoria favorable no tiene ningún valor práctico si el deudor no cuenta con bienes suficientes para responder por la obligación.

La investigación patrimonial previa le permite tomar una decisión informada: si el deudor no tiene bienes embargables, es posible explorar otras alternativas antes de asumir los costos de un proceso largo. Si los tiene, el proceso judicial se convierte en una herramienta de cobro efectiva y eficiente.

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